Introducción

La Administración Pública es uno de los pilares del Estado de Derecho y su función principal es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, sus actuaciones pueden causar daños y perjuicios a los ciudadanos, bien sea por acción u omisión, y en estos casos surge la figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En este artículo analizaremos en qué consiste esta responsabilidad, cómo se configura y qué requisitos deben cumplirse para poder reclamarla.

Concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es la obligación de indemnizar a los ciudadanos que hayan sufrido un daño como consecuencia de la actuación de la Administración, ya sea por acción o por omisión. Esta responsabilidad se encuentra recogida en el artículo 106 de la Constitución española, que establece que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de los servicios públicos.

Naturaleza de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene dos características fundamentales que la distinguen de la responsabilidad civil común: la imputabilidad y la exorbitancia. La primera hace referencia a que la responsabilidad de la Administración solo puede surgir cuando exista una actuación administrativa ilegal o irregular que haya causado un daño, mientras que en la responsabilidad civil común basta con que exista una relación de causalidad entre la conducta del agente y el daño producido. La segunda, la exorbitancia, se refiere a la posición de superioridad que ostenta la Administración en relación con los ciudadanos, lo que le confiere ciertas prerrogativas y garantías que no tienen las personas privadas.

Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

• Daño efectivo: Para que surja la responsabilidad, es necesario que exista un daño real y efectivo. Este daño puede ser material o moral, pero debe ser acreditado por la persona que reclama.
• Relación de causalidad: Debe existir una relación de causalidad directa entre la actuación de la Administración y el daño causado. Es decir, debe haber una relación causa-efecto entre lo que hizo o dejó de hacer la Administración y el daño producido.
• Actuación administrativa: La responsabilidad patrimonial de la Administración surge de su actuación, ya sea por acción u omisión. Es decir, el daño causado debe ser consecuencia directa de una actuación de la Administración en el ejercicio de sus funciones.
• Ilícito o irregularidad: La Administración solo será responsable si su actuación ha sido contraria a derecho o ha sido irregular. Si la actuación ha sido conforme a derecho, aunque haya causado un daño, la Administración no será responsable.

Ámbito de aplicación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es de aplicación en todos los ámbitos en los que la Administración ejerce sus funciones y presta sus servicios. Esto incluye, por ejemplo, la prestación de servicios públicos como la sanidad, la educación o el transporte, así como la actividad administrativa en general, como la concesión de licencias o la tramitación de expedientes.

Procedimiento de reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es necesario seguir un procedimiento específico que se encuentra regulado por la ley. En primer lugar, es necesario presentar una reclamación previa ante la Administración que ha causado el daño, en la que se debe especificar el daño sufrido y su importe. Si la Administración reconoce la responsabilidad, se procederá a la indemnización del daño causado.

Si la Administración no reconoce la responsabilidad o no contesta en el plazo establecido, es posible interponer una demanda en el plazo de un año a partir del día en que se presentó la reclamación previa. En este caso, será necesario acreditar todos los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ante el juez o tribunal correspondiente.

Exoneración de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Existen también ciertas circunstancias en las que la Administración puede exonerarse de la responsabilidad patrimonial, como son los casos de fuerza mayor, la imprudencia de la víctima o la concurrencia de culpas. En estos casos, la Administración no estará obligada a indemnizar al ciudadano afectado.

Conclusión

En resumen, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es una figura fundamental en el Estado de Derecho, ya que garantiza que los ciudadanos puedan ser indemnizados cuando sufran daños como consecuencia de la actuación de la Administración. Para poder reclamar esta responsabilidad, es necesario acreditar la existencia de un daño efectivo, una relación de causalidad, una actuación administrativa ilegal o irregular y la imputabilidad de la Administración. Si se cumplen estos requisitos, es posible reclamar ante la Administración o interponer una demanda judicial para reclamar la indemnización correspondiente.