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La revisión de los actos administrativos y su procedimiento

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La revisión de los actos administrativos y su procedimiento

Los actos administrativos son aquellos que emite la administración pública y que afectan a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Estos actos pueden ser de carácter individual o general y pueden ser favorables o desfavorables para la persona afectada.

Como ciudadanos, tenemos el derecho de impugnar los actos administrativos que consideremos discriminatorios, arbitrarios, ilegales o inconstitucionales. Para ello, es necesario conocer el procedimiento de revisión de los actos administrativos y los recursos legales a los que podemos recurrir para impugnarlos.

En este artículo, vamos a profundizar en el procedimiento de revisión de los actos administrativos en España y los recursos legales que podemos utilizar para impugnarlos.

El procedimiento de revisión de los actos administrativos

El procedimiento de revisión de los actos administrativos está regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según esta ley, los ciudadanos tienen derecho a impugnar los actos administrativos que consideren contrarios al ordenamiento jurídico.

Existen varios recursos legales que podemos utilizar para impugnar los actos administrativos:

1. Reclamación previa

La reclamación previa es el primer paso que debemos dar antes de acudir a los tribunales para impugnar un acto administrativo. Es un procedimiento que tiene como finalidad intentar llegar a un acuerdo con la administración antes de iniciar un proceso judicial.

Para presentar una reclamación previa, es necesario que la administración haya notificado el acto y que haya transcurrido el plazo para interponer otros recursos.

2. Recurso de alzada

El recurso de alzada es un recurso que podemos utilizar para impugnar los actos administrativos que han sido dictados por un órgano inferior. Este recurso debe ser presentado ante el mismo órgano que dictó el acto en un plazo de un mes a partir de la notificación del acto.

El recurso de alzada tiene como finalidad que el órgano superior revise el acto dictado por el órgano inferior y lo confirme, modifique o revoque.

3. Recurso potestativo de reposición

El recurso potestativo de reposición es un recurso que podemos utilizar para impugnar los actos administrativos cuando no se haya hecho uso previamente del recurso de alzada. Este recurso debe ser presentado ante el mismo órgano que dictó el acto en un plazo de un mes a partir de la notificación del acto.

El recurso potestativo de reposición tiene como finalidad que el propio órgano que dictó el acto revise su decisión y la modifique o revoque.

4. Recurso contencioso-administrativo

El recurso contencioso-administrativo es el recurso que debemos utilizar cuando hemos agotado los recursos anteriores y no hemos obtenido la resolución que queríamos o si se han vulnerado nuestros derechos fundamentales.

Este recurso debe ser presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto.

En el recurso contencioso-administrativo, se revisará el acto administrativo y se verificará si se ha ajustado a la legalidad y a la Constitución. Si se determina que el acto administrativo es ilegal o inconstitucional, el tribunal lo anulará o lo declarará nulo de pleno derecho.

Conclusiones

La revisión de los actos administrativos es fundamental para garantizar la legalidad y la justicia en el funcionamiento de las administraciones públicas. Como ciudadanos, es importante que conozcamos los procedimientos y recursos legales que podemos utilizar para impugnar los actos administrativos que consideremos contrarios al derecho.

La reclamación previa, el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso contencioso-administrativo son recursos legales que podemos utilizar para impugnar los actos administrativos. Es importante que sepamos cuál de estos recursos es el adecuado en cada caso y que presentemos el recurso en el plazo establecido para evitar la caducidad del derecho a impugnar.

En definitiva, la revisión de los actos administrativos es una herramienta fundamental para garantizar la protección de nuestros derechos frente a las decisiones arbitrarias o ilegales de la administración pública. Como ciudadanos, debemos conocer nuestros derechos y los recursos legales a los que podemos recurrir para defenderlos.