Introducción

El Derecho Administrativo es una rama del derecho que se encarga de regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública. Al igual que en el resto de las ramas del derecho, se encuentran presentes las garantías constitucionales, las cuales son aquellas que tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, en relación a la actuación de la Administración.

Principio de Legalidad

En primer lugar, se encuentra el principio de legalidad, el cual se encuentra recogido en el artículo 103 de la Constitución Española. Este principio establece que la Administración está sometida al ordenamiento jurídico y que su actuación ha de estar sujeta al cumplimiento de la ley, sin que en ningún caso pueda actuar de manera discrecional. Este principio es de gran importancia en el ámbito del Derecho Administrativo porque permite garantizar que la Administración Pública actúe siempre dentro de los límites que le ha fijado la ley, evitando de esta manera posibles abusos o arbitrariedades.

Principio de Igualdad

Otra de las garantías constitucionales que se encuentran presentes en el ámbito del Derecho Administrativo es el principio de igualdad. Este principio se encuentra recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y que no podrán ser discriminados por razones de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De esta forma, se garantiza que la Administración Pública trate a todos los ciudadanos de manera igualitaria, sin discriminación alguna. Es decir, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes frente a la Administración, sin que se pueda establecer ningún tipo de distinción.

Principio de Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad es otra de las garantías constitucionales que se encuentran presentes en el ámbito del Derecho Administrativo. Este principio establece que la Administración, a la hora de tomar una medida, ha de elegir la más adecuada para cumplir con los fines que se persiguen, sin que esta medida sea más restrictiva de lo necesario. Es decir, que la Administración Pública ha de actuar siempre de manera proporcionada, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra, para no afectar de manera indebida a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Derecho al Procedimiento

El derecho al procedimiento es otra de las garantías constitucionales que se encuentran presentes en el ámbito del Derecho Administrativo. Este derecho establece que toda persona tiene derecho a un procedimiento justo y a ser oído antes de que se le imponga cualquier tipo de sanción o medida. Este derecho es de vital importancia, ya que permite que los ciudadanos puedan defenderse de las decisiones que se tomen en su contra por parte de la Administración Pública.

Derecho a la Tutela Judicial Efectiva

Por último, el derecho a la tutela judicial efectiva es otra de las garantías constitucionales presentes en el ámbito del Derecho Administrativo. Este derecho establece que toda persona tiene derecho a acceder a los tribunales de justicia para defender sus derechos e intereses. Este derecho es fundamental, ya que permite que los ciudadanos tengan la posibilidad de recurrir cualquier decisión que tome la Administración Pública que les afecte de manera perjudicial.

• Conclusión

En conclusión, todas estas garantías constitucionales son de vital importancia en el ámbito del Derecho Administrativo, ya que permiten garantizar que la Administración Pública actúe siempre respetando los derechos y libertades de los ciudadanos. De esta forma, se evitan posibles abusos o arbitrariedades por parte de la Administración, y se protege a la ciudadanía de posibles actuaciones perjudiciales. En resumen, el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, el derecho al procedimiento y el derecho a la tutela judicial efectiva son las principales garantías constitucionales que se encuentran presentes en el ámbito del Derecho Administrativo, y que deben ser respetadas en todo momento para garantizar que la Administración Pública actúe siempre dentro de la legalidad y de forma justa y equitativa.